IU valora salir del Gobierno si Interior no rompe el contrato de compra de balas a Israel

La decisión del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska de formalizar un contrato que hace meses se comprometió a anular, y de la que el socio minoritario de la coalición asegura no haber sido informado previamente, trascendió este miércoles, pero se formalizó el Viernes Santo, día festivo en todo el país. El ala magenta del Gobierno exige al ministro «rectificar», anular el acuerdo y comparecer en el Congreso. Los socialistas aseguran que el asunto tampoco es de su agrado pero alegan que dar marcha atrás no es tan fácil porque fue la Abogacía del Estado la que advirtió de lo gravoso que resultaría incumplir un compromiso licitado en febrero de 2024. «La anulación hubiera supuesto abonar el precio sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados», argumentaban este miércoles desde Interior.

A Sumar la respuesta no le vale. Y lo dejó claro la propia Díaz, a la que el asunto cogió por sorpresa, después de haber censurado en una entrevista en RTVE la falta de transparencia del PSOE respecto al plan de defensa aprobado la víspera por el Consejo de Ministros – «no pasó previamente por la comisión de subsecretarios de Estado», llegó a decir– pero de haber tratado de rebajar al mismo tiempo las consecuencias de sus discrepancias y haber asegurado que el Ejecutivo «agotará la legislatura».

Apenas unas horas después, la vicepresidenta segunda sacó a relucir su tono más duro. «Es una vulneración flagrante de los acuerdos, por tanto –advirtió desde la Feria del Libro de Barcelona– , exigimos la rectificación inmediata de ese contrato». Para entonces, Izquierda Unida, la organización más beligerante con el gasto militar de la amalgama de partidos que conforman su espacio político, ya había reclamado una reunión urgente de todas las organizaciones que forman parte del grupo parlamentario de Sumar –se celebrará en las próximas horas– para estudiar el papel en el Gobierno.

El coordinador general de la formación, Antonio Maíllo, advirtió a Sánchez de que no tiene intención de discurrir por el carril del rearme y su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, abrió por primera vez la puerta a dejar el Ejecutivo. «Nosotros en este momento barajamos todos los escenarios. Esto no es un problema de que Sumar o IU tomen una decisión. Las decisiones unilaterales tomadas por otros son las que provocan determinadas consecuencias graves», adujo.

Santiago cuestionó los argumentos ofrecidos por Interior y Moncloa y acusó al PSOE de mantener el contrato con Israel «por motivos políticos» o «por presiones de la OTAN y de EEUU».E incluso puso a disposición del Ministerio los servicios jurídicos de su partido. Según IU, existe una vía jurídica y antecendentes para que el Gobierno pleiteé si hace falta con la empresa israelí receptora del contrato. Y si esto no ocurre, advierte, pedirán la dimisión de Marlaska y de la titular de Defensa, Margarita Robles.

«No es aceptable que no haya mecanismos para dejar sin efectos este contrato. Un contrato de seis millones de euros es un contrato muy menor en la contabilidad del Estado. Hay que cumplir lo que se han comprometido la ministra de Defensa y el ministro del Interior. No vemos causa de fuerza mayor para no hacerlo. Si no hay voluntad por parte de cualquier funcionario, otra persona las tendrá que cumplir. Sobre todo cuando se trata de algo tan grave como ser partícipe de un genocidio», denunció.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por su parte, calificó de «inaceptable» la decisión y exigió una auditoría de todos los convenios similares. En una carta remitida a Marlaska, Rego tacha de incompatible con el criterio del Gobierno que se formalice ese contrato. «Desde el Gobierno de España hemos insistido repetidas veces en la necesidad de detener la compraventa de armas con las autoridades israelíes desde que iniciara el genocidio del pueblo palestino en Gaza en octubre de 2023», relató para recordar que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, como el anterior ministro de Defensa Yoav Galant «están acusados de crímenes contra la humanidad».

En ala socialista del Gobierno, donde creían haber capeado el temporal por el anuncio del plan para acelerar el aumento del gasto militar, niegan que existan motivos políticos detrás de esta decisión y descartan, de momento, una rectificación. En Moncloa rechazan los argmentos de IU «¿Motivos políticos? Si somos el Gobierno que ha reconocido el Estado palestino», alegan. «¿Quién firmaría entonces esa cancelación?No es tan fácil y eso lo sabe la propia Yolanda (Díaz)», insisten.

Desde el entorno de Díaz restaban importancia al conflicto y descartan, prácticamente, que la sangre llegue al río. Sin embargo, también aseguran que la vicepresidenta no dejará pasar a Sánchez de rositas por este asunto.