Fiscalía y acusación particular vuelven a chocar por la prisión permanente en el crimen de Cuzcurrita

La sentencia, a la que la Audiencia Provincial llegó tras el dictamen del jurado popular, no dejó satisfechas ni a las defensas ni a la acusación particular (los dos hijos de Guillermo Castillo, el hostelero asesinado en la localidad riojalteña el 2 de mayo de 2023). Y este viernes se ha vuelto a producir un choque entre la Fiscalía y la acusación particular ejercida por Marcos García Montes a cuenta de la prisión permanente revisable.

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García Montes ha vuelto a defender que ambos condenados deben recibir la pena de prisión permanente revisable, la mayor en el Código Penal español, para enmendar «los graves errores en la sentencia de la Audiencia Provincial». «No ha sido congruente con el tribunal del jurado», ha insistido. El abogado ha esgrimido los tipos de alevosía existente (Traicionera, súbita, convivencial y por desvalimiento) para argumentar que Guillermo Castillo era «especialmente vulnerable», condición indispensable para que se llegue a esa condena máxima. García Montes ha recordado la edad y las patologías de Castillo y ha recordado que en el objeto del veredicto el jurado también reconocía esas condiciones.

Por su parte, la fiscal ha incidido en que para llegar a la prisión permanente revisable o bien se debe tratar de un delito contra un menor de 16 años, contra un discapacitado o contra una persona especialmente vulnerable. «No se duda de los antecedentes médicos [de la víctima], pero no se considera especialmente vulnerable», ha argumentado. «No ha quedado acreditada esa especial vulnerabilidad», ha dicho, de un hombre «que vivía solo y que hacía gestiones en el restaurante». Y se ha ceñido a que el agravante de la alevosía ya había sido tenido en cuenta en la sentencia de la Audiencia. «No consideramos que el brutal asesinato tenga un menor reproche social, pero debemos observar la ley y no procede esta prisión permanente», ha concluido.

Antes de este choque frontal, cuyo primer acto ya se vivió durante el proceso, las defensas también han presentado sus apelaciones. El abogado de Antonio Daniel G. ha centrado su argumentario en que existen causas de nulidad en el proceso, especialmente dos: que no se pudo interrogar al testigo protegido que puso sobre la pista de los dos condenados a la Guardia Civil y en que apareció un resto de ADN en el escenario del crimen de un hombre no identificado. Incluso ha defendido que no se puede determinar la participación de dos personas y ha eximido a su representado: «Él ha defendido siempre que fue a Cuzcurrita y se quedó en el coche».

Por su parte, la togada de Carlos Sergio R. M. también ha hecho hincapié en que no se ha podido interrogar durante el proceso al testigo protegido, que no participó en el juicio al encontrarse en paradero desconocido y no haber podido ser localizado, y en que el jurado no tuvo en cuenta la atenuante de drogadicción del condenado. «Fue detenido tres meses después de los hechos. ¿Solo si se detiene a una persona en el momento de cometer un delito se le puede aplicar esa atenuante?», se ha preguntado.