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La crisis en el Gobierno a cuenta de la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil a una empresa israelí quedó ... sofocada el jueves, apenas 24 horas después de su inicio con la orden de rectificación inmediata de Pedro Sánchez, pero el episodio ha dejado claras secuelas. La más evidente afecta a la imagen del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien el jefe del Ejecutivo desautorizó abiertamente en aras de la paz interna como no hizo en otros episodios polémicos, particularmente, la respuesta policial al trágico asalto a la valla de Melilla en junio de 2022, en el que fallecieron 23 personas. En el ánimo de Sánchez no está, sin embargo, prescindir de él. Y aunque los socios parlamentarios de la izquierda –ERC, Bildu y el BNG– exigen que dé explicaciones en el Congreso, Sumar no hará más sangre.
En el Gobierno se asume que la confianza que el presidente tiene en el exmagistratrado de la Audiencia Nacional y juez en excedencia sigue siendo firme, pese a que algunas voces aseguran que el miércoles –cuando trascendió que su departamento había formalizado el contrato con la empresa IMI Systems, supuestamente cancelado en octubre– su enfado era manifiesto. Marlaska es, contra el pronóstico inicial, uno de los miembros más longevos del Ejecutivo de Sánchez. Solo María Jesús Montero, Margarita Robles, Luis Planas resisten en sus cargos desde 2018.
En Moncloa admiten haberse pegado «un tiro en el pie» con un error que no solo ha tensado las costuras de la coalición gubernamental sino que daña la credibilidad de un discurso del que Sánchez ha hecho especial bandera, la denuncia de «la matanza indiscriminada de palestinos» en Gaza por parte de Israel. Aun así, achacan lo ocurrido al exceso de celo del funcionario de turno que, ajeno a las directrices políticas y siguiendo el protocolo habitual, asumió la recomendación de la Abogacía del Estado de no suspender el contrato, de 6,6 millones de euros, para evitar una penalización económica. «Los ministros no son responsables de revisar expedientes. Ha sido grave pero le podía haber pasado a cualquiera», aducen.
En defensa pública de Marlaska salió este viernes uno de los hombres más cercanos a Sánchez en el Gobierno, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. «Es – defendió– una persona extraordinaria y un excelente ministro; uno de los mejores ministros de Interior que ha tenido España». Pero casi más relevante resulta que igualmente la vicepresidenta segunda se lanzara a protegerlo recordando que también ella se ha equivocado y rectificado alguna vez y dando el asunto por zanjado. Eso sí, en una entrevista en Rne, apuntó: «Creo que si uno comparece y da explicaciones, te ennoblece». El ministro del Interior aún no lo ha hecho. El lunes reaparecerá en un almuerzo informativo del Club Siglo XXI.
Pero al margen de la situación en la que queda un ministro que ya estaba en el punto de mira de la mayor parte de los aliados de la izquierda, el incidente deja otros cabos sueltos de distinto tenor. Está por ver que la solución jurídica acordada – que consiste en que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) deniegue a IMI Systems el permiso de importación de balas «por razones de interés general» para que luego Interior pueda rescindir el contrato sin que haya que hacer frente a una denuncia por prevaricación– salga gratis. En Moncloa sostienen que esa fórmula evitará que, como planteó la Abogacía, haya que pagar los 6,6 millones de euros sin recibir la munición y que como mucho la penalización ascenderá a 200.000 euros. Pero Díaz asumió que habrá que litigarlo.
El compromiso de paralizar todos los procesos de compra abiertos con el Estado judío, además, puede acabar reabriendo heridas. Sumar, presionado por Podemos, que lo acusa de servil con el PSOE, asegura que estará vigilante. Por lo pronto, el Gobierno ya avisa que ditinguirá entre material ofensivo y defensivo y, por ejemplo, tiene intención de mantener la compra de placas para chalecos antibalas a IMI Systems.
La tercera pata abierta es el conflicto diplomático con Israel. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió este viernes a las críticas vertidas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu por la cancelación del contrato exigiendo que pongan fin a la guerra «por la más elemental humanidad» y volvió a defender la llamada «solución de los dos estados». El responsable de la diplomacia española zanjaba de esa forma las críticas vertidas desde Podemos en los últimos días y, al mismo tiempo, lanzaba un guiño al socio minoritario del Ejecutivo de coalición.
Pero la crítica amenaza con recrudecer una crisis que Israel abrió cuando el Gobierno reconoció el Estado palestino en mayo del año pasado. De hecho, Tel Aviv mantiene vacante su legación diplomática en Madrid y desde entonces realiza regulares críticas en público al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin ir más lejos, en marzo, el ministro israelí de Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, afirmó que el presidente es aliado de «islamistas fanáticos que han aprendido a llevar traje» –en referencia a la visita de Albares a las nuevas autoridades de Siria– y representan «el colapso moral de occidente». Y la última, el jueves, cuando acusaron al dirigente socialista de «situarse en el lado equivocado de la historia» tras cancelar el contrato de balas.
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