El Gobierno ha adjudicado 46 contratos por 1.000 millones a Israel durante la guerra de Gaza

De estos 46 contratos valorados exactamente en 1.044.558.955 euros, una decena aún no han sido formalizados. La mayor parte de todas estas adjudicaciones se refieren a la compra de material militar israelí por parte del Ministerio de Defensa como los lanzacohetes Silam (576,4 millones) o los misiles Spike (237,5 millones), que suman cerca del 80% del montante total: 813,9 millones. También se incluyen otros acuerdos con empresas de defensa israelíes como IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.

En el caso del sistema de lanzacohetes Silam, cuyo contrato de adquisición fue firmado en diciembre de 2023 con la israelí Elbit Systems, aún no ha sido formalizado. No obstante, la motivación del mismo radica en que «es la única empresa capacitada para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico y se han negociado mejoras de interés para la administración».

Lo mismo ocurre con el suministro de los 168 sistemas de misiles contracarro Spike LR2 por parte de la israelí PAP Tecnos, cuyo acuerdo es de noviembre de 2023 pero aún no ha sido rubricado. El tercer gran contrato, este sí formalizado en abril de 2024, es con Rafael Advanced para la adquisición de un sistema de combate aéreo por valor de 207, 4 millones.

A gran distancia estaría el cuarto contrato con Elbit Systems para el mantenimiento de sistemas de radioenlace por valor de 3,7 millones o la suma de los tres lotes por valor de seis millones con IMI Systems para el suministro de balas para diversas unidades de la Guardia Civil. Un asunto que ha estado en el centro de la crisis abierta en el Gobierno de coalición y que provocó este jueves la intervención directa del presidente Pedro Sánchez para proceder a su cancelación por parte del Ministerio del Interior pese a estar formalizado desde el pasado 4 de abril.

Según los autores del informe, cuyo desarrollo se conocerá el próximo lunes, «la relevancia del análisis que pueda producirse a partir de sacar a la luz este listado no radica en el impacto económico de la cancelación de los contratos formalizados o de las penalizaciones económicas que ello suponga, sino que el estudio debe realizarse desde un prisma político, humanitario y ético».

Es decir, la constatación de que el Gobierno ha mantenido la contratación de productos militares a empresas israelíes y «la necesidad de cancelar de inmediato todos los contratos formalizados o en ejecución que contribuyan a mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania».

Finalmente, destacan que mientras que algunas de las adjudicaciones corresponden a servicios de mantenimiento y/o modernización de productos adquiridos en el pasado, otras suponen nuevos acuerdos que podrían aumentar la dependencia en cuanto a ese mantenimiento y modernización.