El casar se va a acabar

Valvanera Barrasa y Arturo Gómez contrajeron matrimonio el 25 de agosto de 2018 en Fuenmayor. Quien los unió no fue ni el párroco ni el alcalde sino el juez de paz, José María Pulgar. Esto no podrá volver a suceder porque la reforma de la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia que entró ayer en vigor ya no permite a los jueces de paz oficiar bodas civiles, como hasta ahora. Elegidos por el pleno del Ayuntamiento, los jueces de paz dependen del Tribunal Superior de Justicia, tienen potestad para resolver los asuntos civiles de cuantía no superior a 150 euros y la conciliación civil de cuantía inferior a 10.000 euros. A partir de ahora oficiar bodas será responsabilidad de sacerdotes, notarios, alcaldes y concejales, con el consiguiente abono de tasas.

La mayoría de las parejas que elegían ser casadas por el juez de paz, como Valvanera y Arturo, lo hacían porque no se consideraban católicas y tampoco deseaban que les declarase marido y mujer un político. «Queríamos que nos casara alguien imparcial. Por la Iglesia, al no ser creyentes, lo descartamos», recuerda el matrimonio de Fuenmayor. Con el juez de paz la relación ya era casi familiar. «José Mari es amigo de mi hermano y coincidíamos los domingos en el fútbol, cuando solo había un Logroñés», apunta Valvanera.

Ellos no están de acuerdo con que se retire a los jueces de paz la potestad de casar. «No entendemos el motivo, cuando llevan tanto tiempo haciéndolo sin ningún problema», exponen. Ahora, si tuvieran que volver a casarse y no pudiera hacerlo el juez de paz, se decantarían por continuar siendo pareja de hecho porque «con los años estas uniones se han igualado en muchas cosas a los matrimonios».

José María Pulgar ha oficiado unas seis bodas al año y asegura que es lo más bonito de su cargo. «Yo me alegraba mucho porque a veces casamos a amigos. Me llevo bien con todo el mundo, así que me da pena no poder casar», confiesa Pulgar. Y es que, asegura el juez de paz de Fuenmayor, «la gente a la que has casado te saluda cuando te ve porque une un poco, a casi todos los conozco si no es que hemos hecho amistad». «Ahora la gente va a tener que pagar a un notario, que es un gasto», señala Pulgar, porque las bodas gratuitas con juez de paz ya no podrán realizarse por dejar estos de encargarse del registro civil municipal y no tener funciones específicas en la materia.

Pilar Infante, jueza de paz de Navarrete, ha oficiado media docena de bodas civiles en los dos años que lleva ejerciendo. La mayoría de los matrimonios que ha unido son extranjeros no católicos y desean que les case alguien neutral. «Yo tenía unas bodas previstas para este año, sobre todo de gente que no quiere que les case alguien de un partido u otro. Además, así no hacen un gasto excesivo», explica Pilar Infante. La juez de paz de Navarrete explica que «en los pueblos te pones en un compromiso, aunque te lleves bien con todo el mundo». Eso sí, mucha gente que acudía a los ayuntamientos para informarse ni siquiera sabían de la posibilidad de que les casara el juez de paz. «Yo me he quedado un poco 'plof', porque era lo mejor que hacíamos, entre conflictos sobre lindes. Ahora parece que vamos a tener otras competencias», advierte Infante.

Los jueces de paz ejercen donde no hay órgano judicial (es decir, en La Rioja, en todos los municipios que no son Logroño, Calahorra y Haro, los únicos con Juzgado de Primera Instancia e Instrucción) y tienen competencia en registro civil, materia civil y materia penal. Además de prestar auxilio judicial, sea tomando declaraciones a víctimas o a testigos, también celebran juicios verbales sobre demandas que reclamen pequeñas cantidades económicas.

Los Juzgados de Paz pasarán a ser Oficinas de Justicia y en los municipios de más de 7.000 habitantes o con mucha carga podrán tener un funcionario asignado al puesto. La reforma de la ley pretende actualizar el sistema y agilizar trámites. Ahora se obliga a la negociación en los ámbitos civil y mercantil antes de ir a juicio. No obstante, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, abrió la puerta a devolver a los jueces de paz la competencia de celebrar matrimonios civiles con una enmienda. «Nos hemos quejado porque era algo que se estaba haciendo bien y no tiene sentido que ahora sí lo pueda hacer el alcalde y ellos no», advierte Javier Marca, presidente del Tribunal Superior de justicia de La Rioja. El magistrado también critica que no puedan ejercer en la junta electoral de zona.

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