Qué es el Tribunal de La Haya, el organismo que persigue los genocidios

Tras varios intentos frustrados de establecer un órgano judical de forma permanente que persiguiese este tipo de delitos. Tras la Primera Guerra Mundial en 1919 los países ganadores de la contienda quisieron encausar al kaiser Guillermo II de Alemania, pero no llegaron a un acuerdo. Su precededentes más directos son los juicios de Nuremberg y Tokio por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y Japón, que supusieron un paso adelante en materia de justicia internacional. Empujada por genocidios yugoslavo y ruandés en los años noventa, se celebró en la ciudad de Roma el 17 de julio de 1998 donde se fundó la Corte Penal Internacional. Supuso el primer organismo judicial de carácter supranacional y permanente con la misión de perseguir y condenar los más graves crímenes en contra del derecho internacional.

Entonces 139 Estados firmaron el tratato de la capital italiana, pero hasta que en 2002 60 países ratificaron el Estatuto no inició su actividad. En la actualidad 124 países forman parte de la CPI. 33 son africanos, 19 de Asia y el Pacífico, 18 de Europa oriental, 28 de América Latina y el Caribe y 25 de Europa occidental. Sin embargo, ninguna de las principales potencias mundiales se han adherido. Estados Unidos, Rusia, Irán e Israel firmaron el Estatuto pero después comunicaron a la ONU que no lo ratificarían. China, India, Corea del Norte, Arabia Saudí o Turquía ni siquiera lo han firmado. EN 2015 Palestina fue admitida.

Asimismo, el documento contempla en su articulado que un Estado miembro pueda abandonar la Corte Penal Internacional, si bien esta retirada no se haría efectiva hasta pasado un año de la notificación formal al secretario general de Naciones Unidas. Hungría no sería el primero en hacerlo, Burundi y Filipinas ya habían dado marcha atrás. Y cabe recordar que la salida de un país de la CPI no le exonera de las obligaciones contraídas durante el tiempo en que formó parte, un matiz que quedó en evidencia recientemente en el caso del expresidente filipino Rodrigo Duterte.

La CPI tiene jurisdicción de forma automática sobre genocido, los crímernes de lesa humanidad y de guerra perpetrados en el territorio de un Estado que forme parte del Estatuto de Roma o cometidos por un ciudadano de un Estado que se acoja a dicho tratato, sin importar su ubicación.

El Estatuto de Roma es un tratado voluntario. Es decir, que son los Estados los que eligen si desean aceptar su jurisdicción, cooperar con sus decisiones y brindar el apoyo político necesario para su efectivo funcionamiento.

Los fondos para su funcionamiento proceden en su mayoría de los Estados miembros, a lo que se suman aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales o particulares.

La Corte no tiene a su dispoción un cuerpo policial independiente que ejecute las órdenes de detención, por lo que está sujeto a la voluntad de las autoridades de los países a la hora de arrestar y extraditar a las personas buscadas.

La inmunidad no tiene cabida en el Estatuto de Roma. De hecho, elimina de forma expresa las inmunidades de los funcionarios estatales y de los jefes de Estado y de Gobierno. Así, la ley y la responsabilidad penal es igual para todas las personas, sin hacer distinción de ningún tipo.

Existen tres vías para que la CPI inicie una investigación: a petición de un Estado parte del Estatuto de Roma; por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —donde tres de los cinco miembros permanentes no reconocen al órgano— incluso contra un país no firmante; o por propia iniciativa del fiscal de la Corte.

Este órgano ha llevado adelante 31 procesos en los que ha enjuiciado a 51 personas, entre las que destacan los exmandatarios Muamar el Gadafi (Libia), Hasán Ahmad al Bashir (Sudán) y Uhuru Kenyatta (Kenia).

La Corte Penal Internacional (CPI) no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas. Se compone de 18 jueces elegidos por la Asamblea de los Estados miembro entre candidatos juristas de alto nivel moral y reconocido prestigio. Los magistrados son elegidos por un período de nueve años, no pudiendo ser reelegidos. El presidente del tribunal es el juez japonés Tomoko Akane.Otro cargo de relevancia es el de fiscal jefe, que actualmente recae en el británico Karim Khan.