El Tribunal Supremo autoriza las deportaciones de Trump

La decisión adoptada por el Supremo estuvo agriamente dividida (5-4) por parte de un tribunal de mayoría conservadora, que, por una parte, refrenda al presidente, y por otra, incide en que, para su legitimación, el Gobierno debe dar a los inmigrantes «tiempo razonable» para ir ante la justicia. Con todo, el fallo dictamina que los desafíos legales a la Ley de Guerra deben tener lugar en Texas, -un Estado favorable al Gobierno federal- donde se confina a los detenidos para ser deportados, en lugar de en Washington, de donde proviene el bloqueo judicial temporal a las expulsiones de Trump.

El pronunciamiento del Supremo sería un intento velado de impedir a la Administración la reanudación de los vuelos de deportaciones extrajudiciales que el mes pasado trasladaron a cientos de migrantes a la prisión de alta seguridad en El Salvador.

Trump invocó la Ley de Enemigos el 15 de marzo en una proclamación presidencial para justificar y acelerar las expulsiones de inmigrantes venezolanos, a quienes calificó de «pandilla del Tren de Aragua», y de fuerza invasora. Se trata de la primera vez que se invoca su uso desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejecutivo utilizó dicha norma para el internamiento en campos de concentración de inmigrantes japoneses, italianos y alemanes. La legislación autoriza al Gobierno a actuar contra extranjeros considerados 'enemigos' solo en tiempos de guerra o cuando el país ha sido invadido.

La delicada decisión del Supremo sobre el tema insignia de Trump de las deportaciones de indocumentados transita la fina línea de no ofender al magnate, al tiempo que intenta restablecer la legalidad del proceso. Aunque la mayoría conservadora se abstuvo de ofrecer una opinión sobre los vuelos extrajudiciales y tampoco cuestionó a aplicación incorrecta de la Ley por parte de la Administración, los magistrados se esforzaron en matizar que en el futuro estas deben realizarse de acuerdo a la ley y someterse a una revisión judicial.

En su opinión de concurrencia, el juez Brett Kavanaugh trató de cuadrar el círculo señalando que la «única pregunta» que el Supremo había considerado es «dónde» debería ocurrir la revisión judicial de la Ley: «El desacuerdo del Tribunal con los disidentes no es sobre si los detenidos reciben una revisión judicial de sus transferencias, todos los nueve miembros del Tribunal acuerdan que la revisión judicial está disponible«. Es decir, se posiciona en acuerdo (parcial) con la demanda y con Trump a la vez.

La jueza conservadora Amy Coney Barrett se unió a la disidencia, -por segunda vez en una decisión que afecta a Trump, a pesar de haber sido nombrada por él-, al dar la razón a los tres jueces liberales que hicieron notar que «la Administración ha tratado de evitar la revisión judicial y el tribunal ahora recompensa al Gobierno por su comportamiento».

La del Supremo se trató de un triunfo parcial vestido de victoria para Trump, que se apresuró a celebrar en su red social Truth Social: «La Corte Suprema ha confirmado el estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, sea quien sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y nuestro país, un gran día para la justicia en Estados Unidos».

La decisión del alto órgano judicial fue también una victoria imperfecta para la parte demandante, la Unión Americana de Libertades Civiles, que representa a los inmigrantes venezolanos y a otros en situación similar bajo custodia de las autoridades de inmigración. Esta agrupación había presentado en Washigton el pasado 15 de marzo un recurso de bloqueo de deportación contra la Administración Trump por la aplicación indebida de la ley y exceso de poder.

La orden de bloqueo de deportación por parte de un juez federal se produjo con los dos aviones en pleno vuelo hacia El Salvador, lo cual permitió al Gobierno estadounidense ignorar la orden. Así, 238 venezolanos fueron entregados a las autoridades salvadoreñas para su internamiento en la infame prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento de Terrorismo.

En respuesta a una demanda separada, otro juez federal ordenó a la Administración Trump retornar al inmigrante legal Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland originario de El Salvador deportado por error, que fue detenido en el estacionamiento de IKEA el 12 de marzo, con su hijo de 5 años, que sufre de autismo, en el asiento trasero de su vehículo. El Gobierno de EE UU respondió no poder cumplir la orden ya que el inmigrante se encuentra ahora fuera de su jurisdicción.

Nuevas informaciones afirman que la mayoría de los venezolanos deportados (179 del total) carece de antecedentes penales, y exigen al Ejecutivo norteamricano que presente pruebas que justifiquen su deportación. El Gobierno ha invocado la Ley de Secretos del Estado para no tener que hacerlo.